Hoy 24 de enero de 2012, festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, la Asociación de Periodistas de Castellón (APC) llama a la opinión pública, administraciones y empresas editoras, a reflexionar sobre la problemática laboral por la que están atravesando los profesionales de los medios de comunicación. Sucede que con la crisis se han agravado todavía más los casos de precariedad que ya se venían apreciando en el sector desde hace algunos años. Por ello
la APC, al igual que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE),
se suma a la ‘Declaración de la Asociación de la Prensa de Madrid por un trabajo digno #gratisnotrabajo’.
En la declaración de la Asociación de la Prensa de Madrid se expone:
Que ha recibido numerosas quejas y denuncias sobre la existencia de
ofertas de trabajo humillantes e indignas para periodistas.
Que
empresarios sin escrúpulos se permiten ofrecer a periodistas titulados el “pago” de 0,75 euros por una noticia de 800 caracteres o el de 2,50 euros por artículos de no menos de 250 palabras cada uno.
Que mucho más humillante es la oferta que, en nombre de un
nuevo periódico nacional de tirada semanal, “invitaba” a periodistas licenciados a “incorporarse en régimen de colaborador y voluntario (sin retribución)”, en un proyecto de “máximo compromiso social y excelencia en la comunicación”.
Que también tenemos denuncias sobre
medios de comunicación consolidados, dirigidos por periodistas, que están promoviendo empleo sin salarios y becas sin remuneración.
Que, en el colmo del despropósito, aparecen empresas que
pretenden cobrar al periodista por trabajar en ellas, en lugar de pagarle.
Que todas estas ofertas revelan la existencia de una preocupante e intolerable consideración social, laboral y salarial de los periodistas como mano de obra barata.
Que los editores de medios de comunicación tienen que asumir su responsabilidad y frenar con la máxima urgencia esta situación de máxima precariedad, a la que no es ajena la oleada de despidos que soportamos. Esta responsabilidad se extiende al
desamparo que sufren los colaboradores y “free lance” ante las durísimas condiciones de trabajo que les imponen, agravadas con impagos que se prolongan durante meses.
Que unos periodistas mal pagados, y más si no perciben salario alguno, difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes para mantener su independencia, que es precisamente el principal problema que sufren, según el reciente Informe de la Profesión Periodística.
Que somos conscientes de que ésta es una crisis muy dura, ya que se combinan la económica y la de modelo periodístico, pero alertamos de que su gravedad no debe impedir que reivindiquemos un derecho tan fundamental como es el de
percibir un salario digno, como la Constitución reconoce a todos los españoles.
Que se nos hace muy difícil admitir que quien ha creado, o quiera crear, un espacio de libertad como es un medio de comunicación, se atreva a plantear una oferta de trabajo sin salario, aprovechándose del alto número de parados que hay en nuestro sector, sobre todo entre los jóvenes.
INSTA
Al Gobierno y a los partidos políticos a que cumplan su obligación de garantizar la libertad de prensa, una libertad que se desmorona, con consecuencias funestas para la democracia, si se toleran sistemas de trabajo que consisten en explotar a los periodistas sin salarios, es decir, en régimen de esclavitud.
Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a abrir inspecciones inmediatas a los medios y empresas que promueven las prácticas antes enunciadas y sanciones a todas aquellas empresas que incumplen las ordenanzas laborales en materia de empleo.
A los editores a respetar los derechos de los periodistas, en el entendimiento de que los medios no pueden sobrevivir si desprecian la profesionalidad de este colectivo con salarios indignos.
La Asociación de la Prensa de Madrid no está dispuesta a tolerar que los periodistas trabajen gratis y, quien quiera imponer este criterios en las redacciones, tiene que saber que esta asociación usará todos los medios legales a su alcance para que tales prácticas sean investigadas y, si procede, sancionadas.
