Basilio Trilles respaldó con su voto la creación de la ‘Plataforma por la defensa del periodismo’.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Castellón (APC), Basilio Trilles, ha destacado “la importancia de la Declaración de Sevilla” aprobada en el transcurso de la LXVIII Asamblea de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), celebrada el pasado fin de semana en la capital hispalense. Trilles, que ha participado en la asamblea en representación de los periodistas de nuestra provincia, ha explicado que “la crisis y sus terribles efectos sobre la profesión periodística han centrado buena parte de los debates y decisiones adoptadas”. Ante la gravedad de la situación, “en la Declaración de Sevilla se ha decidido crear la Plataforma en Defensa del Periodismo, un nuevo instrumento que debe servir para mejorar la situación del sector y la estabilidad laboral de sus trabajadores”.
TEXTO ÍNTREGRO DE LA DECLARACIÓN DE SEVILLA
• La supervivencia de unos medios de información rigurosos, independientes y profesionales constituye una condición indispensable para asegurar la pluralidad de la sociedad a la que sirven y el ejercicio responsable de una democracia representativa.
• La calidad de esos medios es, a su vez, condición necesaria para garantizar esa supervivencia, sobre todo en un entorno en el que la proliferación de información indiscriminada y gratuita exige con más urgencia asegurar ventajas comparativas que garanticen su competitividad. En consecuencia, la reestructuración de los medios provocada o agravada por la crisis actual nunca debe ir en detrimento de su calidad. Estamos convencidos de que sería tanto como acelerar su declive.
• La calidad de los medios depende del ejercicio responsable de un periodismo entendido como transmisión de información, análisis y opinión elaborados bajo unos principios éticos y con un importante grado de valor añadido. Eso sólo lo pueden proporcionar profesionales formados y con experiencia.
• Es preocupante, por tanto, que las regulaciones de empleo que se están produciendo en la actualidad, además del grave problema laboral que generan, puedan afectar a la indispensable calidad de los productos informativos que ofrecen los medios en la medida en que los descapitalizan profesionalmente.
• La reestructuración de los medios debe realizarse no sólo teniendo en cuenta la reducción de sus costes para asegurar su viabilidad hoy, sino la de abrir otras perspectivas de negocio en un escenario cambiante y abierto a nuevas oportunidades que ofrezcan posibilidades de continuidad a los profesionales que dejen de ser necesarios en el modelo actual. Es imprescindible que las redacciones, es decir, los periodistas puedan tener voz e influencia en el diseño de esas nuevas perspectivas empresariales. • Dado que unos medios de información saneados e independientes son absolutamente necesarios en un Estado de Derecho y garantía de pluralidad social y calidad democrática, el Estado debería abrir una línea de ayudas a las empresas de comunicación en crisis, siempre bajo la condición de que esas ayudas se destinen a financiar proyectos viables económicamente y respetuosos con los profesionales de la información.
• Con independencia de estas consideraciones sobre los riesgos profesionales de la actual crisis en los medios, la pérdida de empleos que se está produciendo de forma vertiginosa en el sector urge la adopción de medidas inmediatas que detengan la sangría antes de que ésta se traduzca en un deterioro irreversible de la calidad de los propios medios y en una amenaza cierta para su supervivencia futura. En consecuencia, los 15.000 periodistas que integran la Federación queremos apelar a todos los sectores interesados en la supervivencia de unos medios de información plurales, independientes y de calidad.
A tal fin, la FAPE se propone liderar la creación de una Plataforma por la Defensa del Periodismo, integrada por las organizaciones más representativas de la profesión. Esta célula de crisis exclusivamente profesional diseñará una estrategia de actuación para poner en práctica la exigencia de los principios antes planteados, ante las administraciones, los sindicatos y las empresas del sector.
